La Fiscalía de Guatemala informó este jueves que pedirá el retiro del derecho de antejuicio (inmunidad) del presidente y la vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

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Durante una conferencia de prensa, el Ministerio Público los acusó de participar durante parte de 2022 y 2023 en la toma del campus de la Universidad de San Carlos, en el contexto de protestas en rechazo a las elecciones en la casa de altos estudios y para exigir la renuncia como rector de Walter Mazariegos.

De acuerdo con la Fiscalía, Arévalo y Herrera habrían incurrido en presunto delito de daños al patrimonio de esa casa de altos estudios estatal. En el caso del presidente electo, el fiscal a cargo de la investigación, Saúl Sánchez, dijo que podría haber incurrido en delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.

De acuerdo con medios de prensa, Sánchez mostró como supuestos indicios contra Arévalo capturas de pantalla de videos que muestran al presidente electo participando en eventos académicos, lo cual ocurrió luego de que concluyera la toma del campus.

Además de Arévalo y Herrera, el Ministerio Público pedirá el retiro de inmunidad a los siguientes diputados: Samuel Pérez, Román Castellanos y Raúl Barrera (del movimiento político Semilla, ganador de las elecciones), del independiente Aldo Dávila y de Adán Pérez, legislador que representa al movimiento político indigenista Winaq.

Horas atrás, por este mismo caso, se emitió orden de captura contra la diputada Marcela Blanco (Semilla), quien ya fue aprehendida, y otras 25 personas. 

A través de la red social X, Arévalo catalogó de espurias e inaceptables las acciones de la Fiscalía contra integrantes de Semilla. Además, exigió se respete la integridad de Marcela Blanco y anunció que el movimiento está tomando las medidas necesarias para protegerlos.

Por su parte, el candidato independiente Aldo Dávila denunció que el país está ante un claro rompimiento constitucional y una persecución política. Cuestionó que se retire la inmunidad al binomio presidencial electo, algo que calificó de inaudito y que busca que no asuman como autoridades.

Expresó que el golpe de Estado sigue su curso y valoró que para el pacto de corruptos que dirige el país cualquier voz que se levante en defensa de la democracia ha de ser criminalizada, con lo cual garantizarían retener el poder y la impunidad.

Las declaraciones de Arévalo, Dávila y diputados de Semilla sobre el peligro latente de un quiebre constitucional se producen en el marco de varias semanas de protestas en defensa de la democracia. En dichas movilizaciones también se exige la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, así como otros funcionarios que cometieron injerencia en el proceso electoral.

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